A la opinión pública:
Hemos seguido con atención el caso de la Sra. Susana Prieto, quien hoy tuvo una audiencia de su proceso, misma que fue solicitada por sus abogados, respecto a la imputación de los delitos cometidos contra servidores públicos, motín, amenazas y coacción de particulares.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, mediante un comunicado con fecha 1º. de Julio informó que “durante la audiencia se solicitó a la Sra. Prieto la reparación del daño y el cumplimiento de ciertas condiciones a fin de garantizar una efectiva tutela de los derechos de las víctimas, así como resolver el conflicto originado con motivo de la comisión de delitos en estricto cumplimiento de lo señalado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y aplicación del principio de debido proceso. Por su parte, la defensa de la imputada de igual forma expuso su ofrecimiento a la autoridad judicial sobre el pago de la reparación de daño y condiciones a cumplir por parte de su representada”.
“Por lo que una vez analizados los elementos, el Juez de Control emitió su resolución para dar solución alterna al proceso, imponiendo las siguientes condiciones:
La Sra. Prieto deberá residir en el domicilio señalado por ella misma en el Estado de Chihuahua.
La Sra. Prieto deberá abstenerse de tener contacto con los ofendidos y sus domicilios.
La Sra. Prieto deberá dejar de frecuentar la Junta Especial Nº 6 de la Local de Conciliación y Arbitraje en Matamoros.
La Sra. Prieto deberá acudir ante el Tribunal cuando se le solicite asistir a las audiencias de control, debiendo informar previamente su itinerario.
La Sra. Prieto deberá abstenerse de viajar al extranjero.
La Sra. Prieto deberá cubrir la reparación del daño, consistente en 66 mil pesos a favor de las cinco víctimas.
Cabe señalar que el cumplimiento de estas condiciones tendrá una duración de 30 meses, las cuales fueron aceptadas por la Sra. Susana Prieto en su carácter de imputada y su defensa”.
En otras palabras, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado, la Sra. Prieto está todavía siguiendo su proceso en un esquema de libertad provisonal condicionada y NO ha sido absuelta.
Las Cámaras y Asociaciones Empresariales de Matamoros, hemos visto un claro intento por tratar de confundir a la opinión pública respecto a este caso, en donde la fiscalía general del estado actuó en un acto pleno de ejercicio de la justicia.
Es oportuno mencionar que no fue el movimiento obrero, como la Sra. Prieto ha sostenido, ni las acciones de defensa laboral por lo que se le consignó en este caso, por cierto acusando ella sin fundamento a la comunidad de Matamoros en general de su detención. Fue su actuación fuera de la ley en la cual afectó a terceros a efecto de lograr sus objetivos. Fue su afán de protagonismo y autoritarismo lo que le llevó a cometer de manera flagrante y con alevosía y conocimiento de causa (porque ella es abogada) un delito del cual pretendía salir impune cobijada en los obreros a quienes convenció de seguirla en la comisión del ilícito.
A continuación ponemos a su consideración los efectos negativos de la actividad de Susana Prieto en este último año y medio en el que ha dañado sistemáticamente las actividades económicas de Matamoros:
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7,000 trabajadores perdieron su empleo,
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3 empresas de exportación decidieron relocalizarse en otras ciudades de México o en otros países
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Se perdieron al menos mil millones de dólares en las empresas por las huelgas y paros ilegales durante 2019.
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Cientos de proveedores locales tuvieron cuantiosas pérdidas por la baja demanda de las empresas con motivo de las huelgas.
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Hubo una importante disrupción en la cadena de suministro de la industria automotriz en Estados Unidos, Canadá y México como resultado de las huelgas y paros ilegales señalados.
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El comercio y los restaurantes tuvieron también pérdidas significativas de millones de pesos.
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Generó una imagen negativa de la ciudad lo que ha detenido las inversiones extranjeras nuevas.
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Se perdieron potencialmente de 3 a 4 mil empleos pues las empresas locales ya no invirtieron en nuevos proyectos en la ciudad por la inestabilidad laboral.
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Estimamos una pérdida de 5,000 empleos adicionales en el mediano plazo si el ambiente laboral se mantiene inestable.
Susana Prieto ha lucrado obteniendo millonarias sumas de dinero en litigios defendiendo a trabajadores y cobrándoles porcentajes muy sustanciosos del total de sus liquidaciones o de las cantidades que obtienen por concepto de estas demandas, olvidando totalmente lo que les ofrecía a los trabajadores inicialmente.
Por lo señalado anteriormente
En un entorno global como el que vivimos, cualquier falta al principio de autoridad que desestabilice los factores de la producción debe ser considerado como una afrenta al estado de derecho y a la certidumbre jurídica que de no ser sancionada, traería consecuencias negativas como lo son la inestabilidad económica, la pérdida de certidumbre política e irritabilidad social, factores que pueden incidir en un retroceso de la región.
Celebramos que la Fiscalía General del Estado haya estado vigilante y no permitiera por principio de autoridad la violación a las leyes y los derechos de las personas como lo consagra la constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Cualquier conducta en contrario mermaría la autonomía procesal de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas.
Existe la oportunidad de lograr una armonía laboral en Matamoros para forjar un futuro más digno y justo, pero debemos construirla sobre los principios de imparcialidad, representación legitima, orden y búsqueda del bien común.
H. Matamoros, Julio 3, 2020